A raíz de la nueva cruzada orquestada por la Iglesia Católica, a nivel mundial, para oponerse a las técnicas de fecundación in vitro, Costa Rica, no ha quedado al margen del nuevo movimiento eclesiástico que busca como obstaculizar una legislación que regule este avance científico, a raíz de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aquí hay que ver el tema en dos vertientes, una desde el punto de vista político-legal y el otro desde el punto de vista científico.
POLÍTICO-LEGAL
No es una cuestión de capricho gubernamental que se encuentre un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa , para regular los procedimientos de fecundación in vitro. Es a raíz que Costa Rica, suscribió un convenio internacional, en el que se comprometió a respetar los fallos vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que fueron vencidos en es proceso judicial, como un Estado de derecho, tiene que adecuar su legislación a la sentencia condenatoria.
Parece una respuesta fácil, pero en buena técnica legal así es. La Iglesia pretende que el Estado de Costa Rica, no su gobierno, incumpla con su obligación jurídica. ¿Ha sopesado la iglesia esas consecuencias? Una cosa es que desde sus charlas ecuménicas, el púlpito en las misas semanales, etc., viertan su opinión a sus feligreses con el objetivo de hacerles el llamado a que realicen la fecundación natural y se olviden de acudir a las técnicas de laboratorio. Pero otro es hacer el llamado a la población católica a oponerse en contra de las actuaciones del gobierno que le aparten de sus responsabilidades como Estado.